El gobierno de Etiopía declaró el «estado de emergencia» en todo el país, en medio de un recrudecimiento de los enfrentamientos en diversas regiones del país contra los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), que aseguran haber logrado nuevos avances en su ofensiva y reivindicaron la toma de dos ciudades estratégicas en el norte.
«El estado de emergencia busca proteger a los civiles de las atrocidades cometidas por el grupo terrorista TPLF en varias regiones del país», informaron las autoridades del país africano.
Esta declaración llegó después de que las fuerzas rebeldes aseguraran el último fin de semana que tomaron el control de Dessie y Kombolcha, dos ciudades de la región Amhara, en el norte del país y vecina del Tigray.
Asimismo, los rebeldes confirmaron contactos con el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, que también lanzó ofensivas contra el Ejército en la región de Oromía, lo que presupone una expansión del conflicto a nivel nacional.
Sin embargo, el Gobierno negó los avances de los rebeldes. Pero la verificación de las posiciones en el terreno es prácticamente imposible porque las comunicaciones fueron cortadas en una gran parte del norte de Etiopía.
Las autoridades de la capital Adís Abeba instaron a cerca de cinco millones de ciudadanos a armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes. Las armas tienen ser registradas en la Policía.
«Se espera que los individuos con armas personales, armas legales, protejan sus barrios de forma organizada», detalló Kenea Yadeta, de la oficina de administración de la paz y la seguridad de la capital en una rueda de prensa en Fana.
En medio de la tensión, Estados Unidos anunció que retira las ventajas comerciales a Etiopía y a una serie de países africanos por su situación política y en represalia por las violaciones de Derechos Humanos.
En tanto, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una investigación que concluye que en el conflicto armado en la región etíope del Tigray «existen motivos razonables para creer que las partes (…) cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad».
El documento, elaborado de modo conjunto por la ONU y la Comisión Etíope de Derechos Humanos, asegura que «la gravedad de las violaciones y las agresiones que hemos censado señala la necesidad de responsabilizar a sus autores, sea cual sea su bando».
«Existen motivos razonables para creer que todas las partes (…) cometieron violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra y contra la humanidad», concluye este informe.
El conflicto de Tigray inició el 4 de noviembre de 2020 cuando el primer ministro etíope ordenó una ofensiva contra el Frente de Liberación Popular de Tigré (FPLT) en represalia por un ataque contra una base militar federal, después de una escalada de tensiones políticas.
El primer ministro Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz de 2019, proclamó la victoria el 28 de noviembre, pocas semanas después de enviar al ejército a Tigray para destituir a las autoridades regionales disidentes del TPLF.
Pero los rebeldes recuperaron la mayor parte de la región en junio, forzando a las tropas gubernamentales a retirarse, al tiempo que continuaron su ofensiva en las regiones vecinas de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.
Desde el inicio del conflicto miles de personas murieron, unos dos millones fueron desplazadas internamente en Tigray y al menos 75.000 etíopes huyeron al vecino Sudán, según datos oficiales.
Además, casi siete millones de personas afrontan una «crisis de hambre» por la guerra, advirtió en septiembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
